Uno de los ámbitos donde la burguesía está haciendo más hincapié para tratar de asegurarse beneficio económico es en la privatización de servicios esenciales del ámbito público, la tan cacareada "colaboración público-privada".
Una de las luchas obreras de mayor calado que han venido dándose en los últimos meses ha sido la de las trabajadoras de la limpieza de Correos (en un sector muy feminizado, las mujeres son amplia mayoría). Con apoyo de la unidad sindical de ESK, LAB y CCOO, tras una primera fase de huelgas en días señalados, a finales de octubre intensificaron la lucha e iniciaron una huelga indefinida. El origen del conflicto fue el impago de los salarios por parte de Limpiezas J. Córdoba (subcontratada por Correos), que ha afectado a unas 800 trabajadoras: principalmente en Bizkaia, Gipuzkoa y Nafarroa, aunque también en Asturies y Galiza. Se trata de un contrato público que mueve más de 24 millones de euros, que Correos sí ha estado transfiriendo a Limpiezas J. Córdoba. Sin embargo, ni esta empresa ni Correos mostraron ningún tipo de disposición para dialogar antes de la huelga indefinida. De hecho, las trabajadoras han manifestado repetidamente su indignación frente a la postura de negarse a reunirse y a explicar la situación de la patronal y de Correos.
Además de exigir el pago de sus salarios adeudados (con los correspondientes intereses de demora), el colectivo de trabajadoras ha mostrado un importante nivel de conciencia de clase. Para acabar con la precariedad laboral, la incertidumbre y la temporalidad que conlleva la subcontratación (en la que las empresas intermediarias se lucran de servicios públicos esenciales a costa de duras condiciones laborales de la plantilla), las trabajadoras han reivindicado muy acertadamente la necesidad de que Correos internalice una tarea fundamental como es la limpieza de sus instalaciones, oficinas y almacenes.
Una situación similar es la que se está desarrollando en la plantilla de Bilbobus, la empresa municipal de transportes en autobús de Bilbao, que el ayuntamiento de la capital bizkaina subcontrata al gigante Alsa-Transitia. Entre enero y mayo, el comité sindical ha anunciado un día de huelga cada mes y también paros parciales (4 horas de mañana, 4 de tarde) al menos una vez por semana. Además de que la empresa se niega a actualizar el convenio desde 2021 (con la importante pérdida de poder adquisitivo que eso implica para los y las trabajadoras, al no actualizarles los salarios), Alsa-Transitia se vale del silencio cómplice del ayuntamiento para vulnerar otros derechos colectivos. Entre ellos, impide el acceso de los y las trabajadoras en bolsa a contratos a tiempo completo, recorta parte del salario a quienes están con incapacidades temporales y amortiza puestos de colectivos minoritarios: inspección, taller, etc. Es la manera del empresario de agrandar sus beneficios.
Un tercer caso, muy ilustrativo también, es el de la huelga (a razón de tres días mensuales desde octubre) en el sector de las ambulancias en la Comunidad Autónoma Vasca, apoyada por la convocatoria unitaria entre ELA, LAB, ESK, UGT, CCOO y LSB-USO. La patronal (empresas La Pau y Ambulancias Gipuzkoa, subcontratadas por el Gobierno Vasco a través de Osakidetza - Servicio Vasco de Salud) se niega a equiparar los salarios y las condiciones laborales de este colectivo de trabajadores/as con sus compañeros/as públicas, como reivindicación más inmediata. El colectivo, que también ha abogado por que se internalice su labor, ha sufrido cargas violentas por parte de la Ertzaintza en alguna de sus concentraciones y piquetes.
FERNANDO
