POR LA DEROGACIÓN ÍNTEGRA DE LA REFORMA LABORAL, POR EL EMPLEO CON DERECHOS

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Categoría: Las Palmas de Gran Canaria

Los CUO en Gran Canaria nos sumamos también al manifiesto "por un empleo con derechos"

 

MANIFIESTO DE ABOGADAS/OS LABORALISTAS, SINDICATOS Y COMITÉS DE EMPRESA.

 POR LA DEROGACIÓN ÍNTEGRA DE LA REFORMA LABORAL.

 POR EL EMPLEO CON DERECHOS.

 

La exigencia de derogación de las reformas laborales acometidas por las mayorías de gobierno en su fecha es previa a la situación de emergencia sanitaria propia de la pandemia COVID 19. Fue alzada por la movilización de trabajadores, ya en 2014, contra las políticas de austericidio, de desigualdad, de cesión de soberanía estatal a la UE, contra el sacrificio salarial y destrucción de empleo, todas ellas coherentes con las tendencias propias de un sistema orientado al beneficio del capital. Tal aliento la hizo inexcusable en el programa de acceso al Estado del actual gobierno y, por tanto, justificación del apoyo social recibido.

Las catastróficas consecuencias y exigencias para la mayoría social que conforma el TRABAJO (quienes para vivir necesitan vender su fuerza de trabajo) no ha debilitado en lo más mínimo su respuesta colectiva a tal reto COVID19, evidenciando quién sustenta el día a día de la sociedad y señalando a los que viven de ella mientras entonan sus cantos sobre la libertad individual, el mercado y el sector privado. A estos últimos no les ha faltado tiempo para reclamar la intervención del Estado, que mantenemos todos, para la salvaguardia de sus intereses. La interesada fábula de que es el dinero el que crea dinero y ello sin mediar el trabajo de otros, se ha desvanecido.

La actual frustrada tentativa de restituir las normas laborales que quedaron sin efecto tras la demolición de derechos aprobada 2012 bajo el amparo de una mas de las crisis capitalistas, anticipa la voluntad de recuperación del beneficio privado a costa de nuevos y terribles sacrificios sobre la masa trabajadora. Si a ello se le suma el previsible rescate del Estado por las instituciones financieras internacionales y las exigencias de éstos de acometer reformas estructurales que afectarían a la calidad del empleo y al adelgazamiento del estado benefactor, obliga a redoblar la exigencia de priorizar frente a ellos medidas para lograr un empleo con Derechos.

Las sucesivas reformas de 2010 y 2012 han supuesto en la práctica el regreso salvaje a la Ley del Valor de la Fuerza del Trabajo, despojando a las condiciones laborales de todos los elementos progresivos que han ido modelando la brutal concepción, propia de la patronal del trabajo, como mercancía.

Tras una década desde la aplicación de tales medidas de desplazamiento de los costes de la crisis a los trabajadores, el escenario laboral en el Estado español se encuentra hoy caracterizado por un masivo desempleo estructural; trabajadores desprotegidos e inseguros ante despidos rápidos, sin causa y baratos; disminución exponencial del peso de las rentas del trabajo con respecto a los rendimientos del capital en la economía del Estado; el crecimiento de la temporalidad (la tasa más alta de la Unión Europea); la parcialidad y la realización de horas extraordinarias (sobreexplotación y subempleo); sustitución de la genuina figura del trabajador por la del autónomo y la debilidad de la negociación colectiva como contrapeso al autoritarismo empresarial. Al mismo tiempo y en clara conexión con lo anterior, nos hallamos con una protección social hundida como sistema público y sustituida por regímenes de beneficencia, extremo que queda agudizado mediante la aprobación de la necesaria Renta Mínima Vital.

Siendo cierta la complejidad de acometer una reforma del Estatuto de los Trabajadores, dada la heterogénea composición parlamentaria, no alcanza explicación suficiente que ésta no se enfrente de forma integral y se pretenda aplazarla “sine die” de la agenda política, extremo que no se llega a realizar con otros restantes temas de acuciante solución y con menor intensidad e influencia en la vida de la mayoría social.

No vamos a permitir que, una vez más, las disposiciones reformistas omitan la inmediata intervención para modificar la legislación que, de forma directa y cruel, ha afectado a las condiciones básicas de los trabajadores y al crecimiento de un desempleo sin prestaciones ni futuro.

Nuevamente hay que reivindicar el Derecho al Trabajo como eje vertebrador de cualquier actuación del gobierno y exigencia de legitimación de los poderes del Estado, máxime cuando ésta se proclama defensora de valores constitucionales y de la regeneración democrática.

Es por ello por lo que exigimos el urgente restablecimiento de las normas derogadas por una legislación de marcado corte neoliberal y antisocial:

 

DESPIDOS

 

DESPIDOS POR CAUSAS ECONOMICAS

 

SALARIO

 

CONTRATACIÓN

 

JORNADA LABORAL

 

HORAS EXTRAS

 

CONTRATAS Y SUBCONTRATAS

 

PROCESALES

 

NEGOCIACIÓN COLECTIVA

 

PERSECUCIÓN PENAL

 

PROTECCIÓN ADMINISTRATIVA

 

BRECHA DE GENERO

 

 

FIRMANTES